Jose Mateos Mariscal. En España hay más de 800 mil personas trabajadoras migrantes agrícolas, de las cuales alrededor de 13 por ciento son mujeres. Sumado a lo anterior, cerca de 250 mil migran por temporadas para trabajar en la industria agrícola en Francia (recogida de uvas) y Alemania (la fresa).
Las y los trabajadores migrantes agrícolas son un sector históricamente vulnerado y que vive y trabaja en condiciones de gran precariedad en el país Galo y Germano.
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Generalmente las mujeres enfrentan peores condiciones que los hombres debido a que sufren violencias, discriminación, acoso sexual en los lugares de trabajo, dobles o triples jornadas por la labor de cuidados no remunerado y, en muchos casos, la completa invisibilización de sus contribuciones al mundo laboral.
A pesar de jugar un rol importante para la industria agrícola, sólo tres de cada 10 mujeres trabajadoras migrantes agrícolas reciben pago por su trabajo; 93.4 por ciento carece de contrato; 90.9 por ciento no cuenta con acceso a instituciones de salud y 85.3 por ciento no cuenta con prestaciones laborales, según revelan cifras de 2020 de la Comisión Europea. En el contexto laboral, en los corredores migratorios entre España, Francia y Alemania las mujeres son discriminadas y carecen de igualdad de oportunidades para migrar de forma regular a través del esquemas de las cuales apenas se les otorga 6 por ciento del total. De acuerdo con un informe del Centro de los Derechos del Migrante en Europa, en muchas ocasiones, las mujeres no son reclutadas para las labores agrícolas o son contratadas en términos menos favorables que los hombres, e incluso en algunos casos empleadores y reclutadores prohíben explícitamente contratarlas.